Procedimiento de devolución de las tasas

La resolución no puede exceder de seis meses. Si fuese favorable, los afectados recuperarán lo gastado en los dos meses siguientes. Si la resolución del procedimiento de devolución de ingresos indebidos fuese desfavorable, se iniciará reclamación económico-administrativa ante cada Tribunal Económico Administrativo Regional, que suele tardar entre año y año y medio. Si nuevamente fuese desfavorable, se promoverán los correspondientes recursos contencioso-administrativos ante los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada comunidad autónoma donde tenga el domicilio fiscal del contribuyente solicitante.

Según ha podido saber este diario, de momento no se han presentado más solicitudes de devolución por parte de otros despachos. El propio Constitucional aclara en su sentencia que las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas; dado que las posteriores reformas operadas por Real Decreto-Ley 3/2013, que había reducido la cuota para las personas físicas, y Real Decreto Ley 1/2015, que eximió del pago a las personas físicas, implican que el Alto Tribunal declare extinguido el objeto del recurso en lo que se refería a estas cargas impositivas.

Las tasas que fueron declaradas inconstitucionales en julio son las que gravan los recursos de las personas jurídicas en el orden contencioso-administrativo, es decir, las acciones judiciales contra decisiones de la Administración Pública. También quedan anuladas las tasas para recurrir en apelación (ante Audiencias Provinciales y TSJ) y en casación (ante el Tribunal Supremo). Estas tasas oscilaban entre los 200 euros y los 1.200 euros. También se anulan las tasas variables de hasta 10.000 euros en función de la cuantía económica del litigio.

Las tasas, aplicadas en todas las jurisdicciones salvo la penal, lograron recaudar 650 millones hasta febrero de 2015, cuando el Gobierno revocó los gravámenes para las personas físicas, anticipando una posible sentencia condenatoria del Constitucional, donde pendían hasta siete recursos contra ellas.

A juicio del TC, el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social de la Ley 10/2012 no vulnera el derecho fundamental de tutela judicial efectiva ni el principio de gratuidad de la Justicia del artículo 119 de la Constitución, pues se acreditan supuestos de exención y de pago flexible para personas jurídicas que no tengan suficientes recursos para litigar. Dado que la inconstitucionalidad de las tasas estriba en su carácter excesivo, no es descartable que vuelva a establecerse sistema de tasas judiciales, siempre que respete el derecho de acceso a la Justicia.

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