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El Gobierno manda su reforma de pensiones al Congreso sin el apoyo asegurado de la cámara

El primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones que el Ejecutivo acordó con los agentes sociales fue finalmente aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Ahora, el texto será enviado al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene atada aún la mayoría para sacar adelante la ley, por la cual, entre otras medidas, las pensiones se revalorizarán automáticamente según el IPC del año precedente; se aumentarán las bonificaciones al retraso de la jubilación y se endurecerán las penalizaciones para los que decidan adelantarla.

“Es un acuerdo que viene respaldado por el diálogo social y creo que eso tiene que ser tenido en cuenta por los partidos políticos. Es susceptible de ser mejorado en tramitación parlamentaria, y espero que así sea, que se intensifiquen los trabajos, para así poder dar cumplimiento a nuestros compromisos con la Unión Europea”, aseguró este martes la portavoz del Gobierno y ministra de la Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la celebración del Consejo de Ministros.

La intención del Ejecutivo es que la nueva ley se apruebe antes de final de año para que entre en vigor a principios de 2022, tal y como se comprometió el Gobierno con la UE. Para eso deberá conseguir el apoyo de otros partidos políticos, algo que, según se pudo observar en la Comisión del Pacto de Toledo en julio, a la que acudió el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, será difícil o, al menos, aún no está cerrado. Escrivá, quien fue entonces a explicar la reforma de pensiones pactada con los empresarios y los sindicatos, se encontró con el rechazo de la mayor parte de grupos políticos. Las reticencias de la oposición, no obstante, se centran en un aspecto no contemplado en el texto y que el Ejcutivo prevé introducir vía enmienda: el mecanismo de equidad intergeneracional.

Esta herramienta, que se prevé que entre en vigor en 2027, y de la que de momento solo se conoce su nombre (el Ejecutivo y los agentes sociales se han dado plazo hasta el 15 de noviembre para negociarla), sustituirá al factor de sostenibilidad impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, por el cual se ataba la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Su derogación, junto a la revalorización automática de las jubilaciones según el IPC, eran las dos principales reivindicaciones de los sindicatos. Ahora falta por ver cómo será su sustituto, que una vez acordado con los agentes sociales entrará en la nueva ley vía enmienda.

Esto significará que, mientras el Ejecutivo esté negociando con el resto de partidos políticos la aprobación de la reforma de las pensiones, el Gobierno se encontrará discutiendo a su vez en solitario con empresarios y sindicatos el mencionado mecanismo de equidad intergeneracional. La oposición, según se pudo observar en la Comisión del Pacto de Toledo, considera clave saber cómo será esta herramienta que velará por la sostenibilidad del sistema antes de ponerse a negociar la nueva ley.

Además de los aspectos ya mencionados, la reforma establece una transferencia anual por parte del Estado a las arcas de la Seguridad Social, “para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes, en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020”, explicó el ministerio de Escrivá. Esta cantidad de dinero será equivalente a aproximadamente el 2% del PIB, uno 22.000 millones de euros anuales.

En cuanto a las penalizaciones por adelantar el retiro, estas variarán entre un 2,81% y un 21% en el caso de una jubilación ordinaria, dependiendo del tiempo que se adelante y de los años cotizados. El porcentaje oscilará entre un 0,5% y un 30% si se trata de una jubilación a la que se ha accedido tras un despido. Estos mecanismos serán diferentes en el caso de pensiones con bases de cotización superiores a la máxima, para las que habrá un periodo de transición de diez años a partir de 2024. Para estos pensionistas, la penalización máxima, es decir, la del 21%, se aplicaría en 2033, cuando finalice dicho periodo transitorio.

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